Las negociaciones en el Senado sobre las disposiciones éticas del Acta CLARITY se han estancado luego de una fuerte objeción de la Senadora Angela Alsobrooks. Alsobrooks criticó la propuesta de la Casa Blanca de que el Departamento de Justicia (DOJ) supervise la aplicación ética del proyecto de ley, describiéndola como una “oferta no seria”. Indicó que no podría apoyar el proyecto de ley si el DOJ sigue siendo la única autoridad de aplicación.
Desafío clave: Disputa sobre la aplicación ética
La ex periodista de Fox Business Eleanor Terrett informó que las discusiones bipartidistas sobre el Acta CLARITY habían sido activas, con debates sobre las disposiciones éticas y de finanzas descentralizadas. La última oferta de la Casa Blanca ha generado un rechazo significativo de los senadores demócratas clave.
El Senador Bernie Moreno, trabajando con la Senadora Cynthia Lummis para lograr un acuerdo ético con la administración Biden, dijo a los periodistas que la Casa Blanca prefiere el control del DOJ sobre la aplicación en lugar de los fiscales generales estatales. Moreno afirmó que este cambio ocurre en una etapa delicada del proceso legislativo, añadiendo más complicaciones a medida que se acerca una votación en el pleno.
Alsobrooks enfatizó que la propuesta de la Casa Blanca no es un intento serio de compromiso y sostuvo que deben considerarse opciones de aplicación alternativas antes de que pueda prestar su apoyo.
A pesar de su insatisfacción con el plan actual, Alsobrooks dejó en claro que está dispuesta a continuar con las negociaciones. Afirmó su compromiso de encontrar un acuerdo que “nos haga responsables a todos”.
Votos críticos y dinámicas políticas
Angela Alsobrooks es una de los dos senadores demócratas que avanzaron el Acta CLARITY fuera del Comité Bancario del Senado en mayo. Su respaldo es esencial para el proyecto de ley, que requiere 60 votos en el pleno del Senado ante la oposición esperada de al menos dos senadores republicanos.
El modelo actual de aplicación centrado en el DOJ concede al poder ejecutivo la autoridad exclusiva para investigar y enjuiciar violaciones éticas por parte de funcionarios federales. Los demócratas que apoyan el proyecto de ley están presionando para que la aplicación esté a cargo de los fiscales generales estatales, quienes actúan de manera independiente y no están bajo el control directo de la Casa Blanca.
Entretanto, la Casa Blanca ha mostrado reticencia a aceptar cualquier lenguaje ético que apunte a las posesiones personales del presidente. Fuentes indican que el tema de la aplicación ética ahora se erige como el último gran obstáculo antes de que el Acta CLARITY pueda avanzar a una votación en el pleno.
Minidiccionario: Acta CLARITY, una propuesta legislativa que busca establecer pautas regulatorias claras para los activos digitales y aclarar el estatus de criptomonedas como XRP bajo la ley estadounidense.
Implicaciones para las regulaciones de activos digitales
Con el receso del Senado programado para comenzar el 7 de hacesto y sin votación en el pleno aún anunciada, los legisladores enfrentan un cronograma ajustado. Si bien XRP ha logrado cierta claridad regulatoria a través de decisiones legales previas, la aprobación del Acta CLARITY consagraría su estatus en la ley federal.

La Senadora Lummis advirtió que si la legislación fracasa en 2026, es posible que el Congreso no retome el asunto hasta al menos 2030, extendiendo significativamente la incertidumbre en torno a las regulaciones de activos digitales. Los participantes del mercado están observando de cerca el estado de las negociaciones entre Alsobrooks, la Casa Blanca y los legisladores bipartidistas.
| Partido | Aplicación Preferida | Votos Necesarios |
|---|---|---|
| Casa Blanca | DOJ | 60 |
| Senadores Demócratas | Fiscales Generales Estatales | 60 |
| Senadores Republicanos | Mixta/Opuesta | 60 |
La atención entre los tenedores de XRP sigue alta. Los observadores están esperando ver si se puede llegar a un acuerdo sobre la aplicación ética antes de que se cierre la ventana legislativa.
El apoyo de senadores clave sigue en cuestión mientras los negociadores buscan un compromiso sobre las disposiciones de aplicación del proyecto de ley, un paso necesario antes de que el Acta CLARITY pase a una votación en el Senado con respaldo bipartidista.


