En un caso destacado ante el Distrito Sur de Nueva York, los equipos legales han intensificado esfuerzos para transferir $71 millones en ether congelado a las víctimas de terrorismo, tras el devastador ataque entre cadenas a Aave del mes pasado que resultó en una pérdida de $230 millones. La demanda ahora se centra en un novedoso argumento legal: que el ataque constituyó fraude en lugar de robo, una posición dirigida directamente a contrarrestar la reciente solicitud legal de Aave para liberar los fondos.
Antecedentes del ataque y la demanda
Las firmas de ciberseguridad y análisis, Chainalysis y TRM Labs, han rastreado el hackeo de Aave de abril al grupo Lazarus vinculado a Corea del Norte. Los atacantes generaron tokens rsETH no autorizados y los usaron como colateral falso en Aave, posteriormente pidiendo prestados ether reales contra estos depósitos. Gracias a la rápida acción de los desarrolladores de blockchain, aproximadamente $71 millones fueron congelados en la cadena Arbitrum antes de que pudieran ser liquidados.
Los abogados que representan a las víctimas presentaron un informe de 30 páginas destacando una significativa distinción en la ley de EE.UU.: que los activos adquiridos fraudulentamente otorgan temporalmente derechos de propiedad reales al perpetrador. Su argumento enfatiza que la ley trata diferente el robo y el fraude, lo que podría afectar quién controla legalmente el ETH congelado.
Según los abogados, “La ley es inequívoca; una parte engañada no solo cede la posesión, sino también la propiedad temporal al defraudador… así como Charles Ponzi ganó el dinero de las víctimas a través del esquema que lleva su nombre.”
Invocando el estatuto TRIA
Los equipos legales también han invocado el Acta de Seguro de Riesgo de Terrorismo (TRIA), un estatuto federal de EE.UU. adoptado después del 11 de septiembre. Según el TRIA, las víctimas con sentencias judiciales contra patrocinadores estatales de terrorismo pueden cobrar daños y perjuicios de cualquier activo dentro de la jurisdicción de EE.UU. vinculado a esos estados. Los demandantes argumentan que incautar el ether congelado bajo TRIA es legal, lo que, si es aceptado por el tribunal, podría debilitar la posición de Aave bajo la ley de propiedad de Nueva York.
Los documentos legales también cuestionan la posición de Aave sobre los activos congelados. Citando el propio acuerdo de usuario de Aave, que establece que la empresa no tiene acceso directo, control o custodia sobre los fondos de los usuarios, el equipo legal argumenta que Aave podría carecer de la autoridad legal para exigir la liberación del ether en el tribunal.
Respuestas del sector cripto y esfuerzos de recuperación
Otro punto importante en el caso es que los usuarios pueden no necesitar urgentemente acceso al ether congelado. El fondo de recuperación DeFi United, iniciado por firmas líderes en el sector, incluido Aave, ya ha recaudado $327.95 millones, más de cuatro veces la cantidad actualmente congelada.
La próxima audiencia significativa está programada en el tribunal federal de Manhattan el miércoles 6 de mayo, cuando ambas partes presentarán sus argumentos. El resultado podría sentar precedentes importantes respecto a las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y la legalidad de activos internacionales en EE.UU.
